El Decreto de Empleo 2026, aprobado por la Cámara de Diputados italiana el pasado 10 de junio, avanza hacia su tratamiento final en el Senado con una serie de modificaciones que impactan en salarios, beneficios empresariales, negociación colectiva y protección laboral.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la introducción del concepto de “salario justo”. Inicialmente, el proyecto establecía que la remuneración mínima debía coincidir con la prevista por el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo (CCNL) correspondiente. Sin embargo, durante el debate parlamentario se incorporó un nuevo parámetro: el Tratamiento Económico Total (TET), que incluye no solo el salario base sino también otros componentes fijos de la remuneración previstos en los convenios colectivos.
La modificación más debatida fue la incorporación de determinadas prestaciones de bienestar empresarial dentro del cálculo del TET. De esta manera, algunos beneficios otorgados por las empresas podrán computarse como parte de la remuneración total, siempre que sean reconocidos a todos los trabajadores comprendidos en el convenio correspondiente. Para sindicatos y especialistas, esta disposición amplía el margen de las empresas para definir el tratamiento económico efectivo de sus empleados.
La norma también introduce incentivos para aquellas empresas que adopten medidas destinadas a favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar. En estos casos, se prevé una reducción de hasta el 1% en las contribuciones patronales, con un límite máximo de 50.000 euros. No obstante, el beneficio tendrá vigencia únicamente entre 2026 y 2028.
Otro aspecto relevante es la actualización salarial para los convenios colectivos vencidos y aún no renovados. El decreto establece un incremento automático equivalente al 50% del índice IPCA-NEI, utilizado para medir la inflación excluyendo los costos energéticos importados. La medida será aplicable durante los primeros nueve meses posteriores al vencimiento del convenio, aunque sectores como turismo, salud y asistencia social continuarán sujetos a la negociación colectiva específica.
La reforma también incorpora mayores garantías para trabajadores considerados más vulnerables. Las prácticas extracurriculares tendrán una duración máxima de doce meses, mientras que los repartidores de plataformas digitales podrán ser considerados trabajadores dependientes cuando existan elementos de dirección, control y organización por parte de la empresa que opera la plataforma.
Las nuevas disposiciones incluyen además medidas vinculadas a la previsión complementaria y a los fondos de pensión, aunque varios de estos aspectos deberán ser reglamentados posteriormente.
El decreto ha generado opiniones divergentes entre las organizaciones sindicales. La CGIL, encabezada por Maurizio Landini, cuestionó la iniciativa al considerar que no resuelve el problema salarial de fondo y que limita la autonomía de la negociación colectiva. Además, volvió a reclamar la creación de un salario mínimo legal y una ley de representación sindical.
Por su parte, la CISL valoró positivamente algunos mecanismos destinados a evitar situaciones de competencia salarial a la baja, mientras que la UIL destacó la intención de definir con mayor precisión el concepto de tratamiento económico global, aunque manifestó reservas sobre la inclusión de beneficios empresariales dentro del cálculo salarial.
Tras su aprobación en Diputados, el texto deberá ser debatido y convertido definitivamente en ley por el Senado antes del 29 de junio. Durante esta etapa todavía podrían introducirse modificaciones.
El resultado final será determinante para evaluar el alcance real de una reforma que busca equilibrar la protección de los trabajadores, la competitividad de las empresas y el papel de la negociación colectiva en Italia.
