El gobierno italiano sufre una derrota en el Tribunal Europeo en relación con las prestaciones para inmigrantes

El gobierno italiano perdió una demanda el 7 de mayo de 2026. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal declaró ilegal el requisito de diez años de residencia en el país para que los titulares de protección internacional puedan acceder a la Ingresos por ciudadanía, una medida similar al programa brasileño Bolsa Família. El fallo, relacionado con el caso C-747/22, concluyó que la regla Esto viola el principio europeo de igualdad de trato..

El caso se originó a partir de la situación de un ciudadano extranjero con protección subsidiaria, residente en Italia desde 2011, cuya prestación fue cancelada por el INPS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) por no cumplir con el criterio de los diez años. Para el Tribunal, el… Ingresos por ciudadanía No se trata solo de una ayuda financiera mínima, sino también de un instrumento para la inclusión social y el acceso al empleo, ámbitos en los que el derecho europeo garantiza la plena igualdad entre los nacionales y los beneficiarios de la protección internacional.

La defensa presentada por Roma fue rechazada por los jueces. El gobierno argumentó que el largo período de residencia limitaría el beneficio a personas con un mayor grado de integración en el territorio. El tribunal respondió que los costos administrativos de otorgar el beneficio son idénticos independientemente de la nacionalidad del solicitante y que la legislación europea no autoriza a los Estados miembros a imponer requisitos adicionales a los ya previstos en los reglamentos de la Unión.

La derrota tiene consecuencias directas para el sistema de el bienestar de tu ave El Tribunal italiano reafirmó que las medidas esenciales de apoyo económico e integración en el mercado laboral no pueden contener barreras discriminatorias para los titulares de protección internacional. Los jueces también destacaron que vincular estas prestaciones a un requisito de residencia tan prolongado contradice el objetivo europeo de garantizar una protección social mínima para las personas cuyo estatus, por su naturaleza, puede ser temporal o revocable.