Un artículo firmado por Cesare Trapuzzano, asesor del Tribunal Supremo de Casación italiano, reactivó el debate jurídico sobre la ciudadanía italiana por descendencia a pocas semanas de la esperada decisión de las Secciones Unidas sobre la aplicación retroactiva del denominado Decreto Tajani.
El texto fue publicado en Il Quotidiano Giuridico bajo el título “Es legítimo excluir la ciudadanía italiana a quienes nacieron en el extranjero pero poseen otra ciudadanía” y analiza la Sentencia 63/2026 de la Corte Constitucional, que validó las nuevas restricciones al reconocimiento de ciudadanía para descendientes nacidos fuera de Italia.
La publicación generó repercusión entre abogados especializados en ciudadanía italiana entrevistados por Italianismo, quienes sostienen que el artículo no introduce argumentos jurídicos novedosos, aunque sí consideran relevante el momento político y judicial en el que aparece.
“No es un texto irrelevante por su contenido. Es relevante por quién lo escribió y el momento en que apareció”, señaló uno de los expertos consultados, en referencia a que Trapuzzano integra el mismo Tribunal de Casación que deberá resolver próximamente la cuestión de fondo en las Secciones Unidas.
El núcleo del debate continúa siendo la teoría de la denominada “preclusión original”, utilizada por la Corte Constitucional para sostener que el Decreto Tajani no revoca ciudadanías ya adquiridas, sino que establece que ciertos descendientes nacidos en el exterior “nunca adquirieron” la ciudadanía italiana.
Los abogados cuestionan esa interpretación. “La transmisión de la ciudadanía se produce al nacer, por iure sanguinis, no en el momento del reconocimiento”, sostuvo uno de los especialistas. Según esta postura, impedir el reconocimiento posterior implicaría, en los hechos, privar retroactivamente de un derecho preexistente.
El artículo reproduce varios conceptos centrales de la sentencia constitucional, entre ellos la necesidad de garantizar una “ciudadanía efectiva” y un vínculo real con la República Italiana. La Corte argumentó que la transmisión ilimitada de ciudadanía por generaciones podía generar ciudadanos sin conexión concreta con el país.
Sin embargo, para parte de la doctrina jurídica, el problema principal no es la posibilidad de establecer nuevos criterios hacia el futuro, sino el intento de aplicar retroactivamente una reinterpretación que modifica décadas de jurisprudencia consolidada sobre ciudadanía iure sanguinis.
“La Sala de Casación no decide basándose en artículos de revistas jurídicas. Pero el texto puede interpretarse como un reflejo del entorno institucional que se está configurando en los tribunales superiores”, advirtió otro abogado entrevistado.
La expectativa ahora se concentra en el próximo pronunciamiento de las Secciones Unidas del Tribunal Supremo italiano, que deberán definir el alcance jurídico definitivo del Decreto Tajani y su aplicación sobre miles de procesos de ciudadanía iniciados en Italia y en el exterior.
