La medida, notificada formalmente en Roma, integra en un único procedimiento dos causas que cuestionan el mismo eje legal: el artículo 3-bis de la Ley 91/1992, incorporado por la Ley 74/2025. Según la abogada María Stella La Malfa, esta convergencia “permite un análisis más amplio del asunto y ayuda a aclarar puntos clave”, al reunir distintos argumentos en una sola instancia.
Antes de la unificación, los casos tenían alcances diferenciados. Mientras el proceso de Turín —analizado el 11 de marzo— abordó aspectos más específicos como la retroactividad, el expediente de Mantua ya incluía cuestionamientos estructurales sobre la constitucionalidad del decreto. La incorporación de Campobasso refuerza esta mirada integral, sumando planteos sobre derechos adquiridos, igualdad y efectos en la ciudadanía europea.
El calendario judicial también se reorganiza. La audiencia central será el 9 de junio, donde el Tribunal evaluará el conjunto de argumentos acumulados. La sentencia previa de marzo podría funcionar como referencia, aunque no abarca todos los aspectos ahora integrados.
En el centro del debate está el denominado Decreto Tajani, que introdujo límites temporales al reconocimiento de la ciudadanía por descendencia. La discusión clave es si esta norma puede afectar a personas con derecho de origen aún no reconocido formalmente.
La decisión final, que se espera antes del receso judicial de agosto, tendrá carácter vinculante y podría redefinir los criterios de acceso a la ciudadanía italiana, con impacto directo en miles de descendientes en el exterior.
Fuente: Italianismo
