La propuesta establece un cambio de criterio: ya no se trata de recomendaciones, sino de una prohibición obligatoria. Los menores no podrán crear cuentas y las existentes deberán eliminarse, salvo que el usuario alcance la edad mínima al momento de entrada en vigencia.
El sistema prevé verificación de edad mediante identidad digital vinculada a estándares de la Unión Europea, descartando el uso de datos biométricos. Además, se impulsa el uso de dispositivos con controles parentales estrictos, limitando funciones a llamadas, SMS y mensajería básica, con bloqueo de contenidos considerados riesgosos.
El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, calificó la medida como “urgente” ante riesgos como la exposición a contenidos extremos y el aislamiento social. En paralelo, Grecia avanza con una normativa similar que entraría en vigor en 2027.
Desde la oposición, voces como Barbara Floridia cuestionan el enfoque. Plantean que la prohibición sin educación digital resulta insuficiente y reclaman políticas formativas en escuelas para abordar el problema de fondo.
El eje del debate se centra en dos modelos: restricción legal directa versus formación digital, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las plataformas en adolescentes.
