La Justicia italiana reveló nuevos detalles sobre la estructura y el poder de Hydra, la organización criminal que unificó en Lombardía a Cosa Nostra, la Camorra y la ‘Ndrangheta con el objetivo de maximizar beneficios e incrementar su influencia sobre la vida económica e institucional. En la fundamentación de la sentencia, el juez de audiencias preliminares de Milán, Emanuele Mancini, describió a la organización como una «entidad autónoma» dotada de una notable capacidad de infiltración. En diciembre pasado, el magistrado condenó a 62 acusados a penas de hasta 16 años de prisión, que en conjunto superan los 500 años de cárcel.
Según el juez, la fortaleza de Hydra no radicó únicamente en sus recursos económicos, sino en su capacidad para construir una extensa red de relaciones. «La organización no se basó exclusivamente en la disponibilidad de recursos, sino sobre todo en la capacidad de construir y mantener un amplio capital relacional capaz de influir en el funcionamiento de las instituciones y de distorsionar el curso normal de las actividades administrativas y económicas», afirmó Mancini en el fallo. El magistrado sostuvo además que la alianza mafiosa ejercía un poder de intimidación propio y actuaba sobre la base de «intereses compartidos».
La sentencia también documenta la «gran capacidad de infiltración» del grupo en los ámbitos empresarial, institucional y parainstitucional. De acuerdo con la investigación, la organización estableció vínculos de colaboración con empresarios, miembros de la administración pública y profesionales de sectores estratégicos, entre ellos integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la administración tributaria y personal sanitario de instituciones públicas y privadas.
Los expedientes judiciales incluyen además referencias a dirigentes políticos y empresarios mencionados durante la investigación. Entre los casos señalados figuran conversaciones interceptadas que aluden a contactos entre Gioacchino Amico, exintegrante del clan Senese y posteriormente colaborador de la justicia, y las diputadas de Fratelli d’Italia Carmela Bucalo y Paola Frassinetti, además de sus colaboradores.
La documentación también menciona que Amico afirmaba mantener relaciones con el senador Mario Mantovani, también perteneciente a Fratelli d’Italia. La sentencia expone así el alcance de una red criminal que, según la Justicia, buscó condicionar tanto la actividad económica como el funcionamiento de las instituciones italianas.
