Durante un seminario celebrado en el Consejo Nacional Forense en Roma, afirmó: “La diáspora italiana es un asunto de interés nacional. Los italianos en el extranjero son parte integral de nuestra comunidad; no pueden ser tratados como una anomalía ni como un problema por resolver”.
Zencovich rechazó una visión exclusivamente formal del vínculo jurídico: “No se puede hablar de ius sanguinis en sentido absoluto. La ciudadanía no es un derecho metafísico, sino una relación jurídica concreta entre el individuo y el Estado. Y esta relación puede cambiar con el tiempo”.
Según el académico, el decreto reduce la ciudadanía a un mecanismo burocrático y omite la dimensión histórica y global de la emigración italiana. “Es una visión miope y perjudicial”, afirmó, al advertir que millones de descendientes mantienen vínculos culturales, familiares y afectivos con Italia.
El jurista planteó que la ciudadanía por descendencia debe entenderse como un instrumento de fortalecimiento nacional. “Se trata de saber qué tipo de relación queremos mantener con nuestros ciudadanos en todo el mundo. Es una decisión política, pero también ética”, concluyó.
El debate precede a la audiencia ante la Corte Costituzionale, prevista para el 11 de marzo, donde se analizarán tres cuestiones de legitimidad vinculadas al Decreto-Ley 36/25. La decisión podría impactar en el acceso a la ciudadanía italiana de millones de personas de origen italiano en el exterior.
