El próximo 8 de junio de 2026, el Tribunal Constitucional italiano analizará la constitucionalidad de una norma que impide registrar acciones civiles sin el pago previo de una tasa judicial mínima de 43 euros. Aunque el caso no aborda directamente la tasa de 600 euros aplicada en los juicios por ciudadanía italiana, abogados especializados consideran que el fallo podría abrir el camino para futuras impugnaciones contra ese costo.
La discusión gira en torno al artículo 1, apartado 812, de la Ley de Presupuesto italiana 207/2024, que introdujo modificaciones al Decreto Ley 115/2002. La norma establece que ninguna demanda civil puede ser registrada si previamente no se acredita el pago de la contribución unificada de 43 euros.
Diversos tribunales italianos cuestionaron la medida y elevaron el caso al Tribunal Constitucional. Entre ellos se encuentran las sentencias 259/2025, 260/2025 y 30/2026 de la Corte de Casación, además de una resolución del Juzgado de Paz de Benevento.
Según los magistrados, la disposición podría vulnerar los artículos 3, 24 y 111 de la Constitución italiana, relacionados con el principio de igualdad, el derecho de acceso a la justicia y las garantías del debido proceso.
Uno de los puntos más criticados es que la norma permite bloquear automáticamente una demanda antes incluso de que sea evaluada por un juez, trasladando a las secretarías judiciales una función que constitucionalmente corresponde a la magistratura.
El caso más emblemático ocurrió en Benevento, donde una empresa presentó una oposición judicial dentro del plazo legal, pero el expediente no fue registrado porque faltaba el comprobante de pago de la tasa. Cuando el pago finalmente se realizó, el plazo ya había vencido y la acción fue considerada fuera de término.
La situación genera especial atención entre quienes tramitan la ciudadanía italiana por vía judicial, especialmente tras las restricciones introducidas por el denominado “Decreto Tajani” en 2025.
La Ley de Presupuesto italiana creó además una tasa específica de 600 euros por solicitante en las causas judiciales de reconocimiento de ciudadanía italiana. Sin ese pago, el expediente tampoco puede ser registrado.
Ante la controversia constitucional, algunos abogados comenzaron a presentar demandas abonando únicamente la tasa mínima general de 43 euros, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. En algunos casos, las causas fueron igualmente aceptadas por los tribunales italianos.
El abogado Luigi Minari, especialista en ciudadanía italiana, explicó que el debate actual no se centra específicamente en los 600 euros, sino en el principio general de impedir el acceso a la justicia mediante barreras económicas.
“La contribución de 600 euros fue creada justamente en un contexto de fuerte aumento de los juicios por ciudadanía italiana, y puede sostenerse que su finalidad práctica era desalentar la presentación de demandas”, afirmó.
Los jueces también remarcaron que el problema no radica únicamente en el monto económico, sino en el principio constitucional involucrado. El Tribunal de Casación sostuvo que el derecho a la defensa es un derecho inviolable y no puede depender de una condición tributaria previa.
Además, señalaron que la norma no contempla excepciones para personas con dificultades económicas ni distingue entre litigios menores y causas millonarias, aplicando el mismo criterio para todos los casos.
El 8 de junio, el Tribunal Constitucional deliberará en Cámara de Consejo. Entre las posibles decisiones se encuentran declarar la norma inconstitucional, rechazar las impugnaciones o convocar una futura audiencia pública para ampliar el debate.
En caso de un fallo favorable, podría abrirse un nuevo escenario judicial respecto de los costos impuestos a los procesos de ciudadanía italiana y reactivarse el debate sobre los límites constitucionales de las tasas judiciales en Italia.
Fuente: Italianismo
