La primera ministra Giorgia Meloni
El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni impulsa la reforma para separar las carreras de jueces y fiscales y es el eje central del referéndum que se vota este mes.
En los esto días Argentina —pero también Brasil, Uruguay y Venezuela — se convertirán en el escenario de una de las batallas institucionales más profundas de la Italia contemporánea.
No se eligen legisladores ni presidente. Se elige, ni más ni menos, qué tipo de justicia tendrá la tercera economía de Europa para las próximas décadas.
El gobierno de Giorgia Meloni impulsa una reforma constitucional para modificar la estructura del Poder Judicial, manifestando que es el paso necesario para que Italia tenga una “justicia justa” y busca a la gran colectividad de América Latina, para que la apoye.
Los detractores a los que gran parte de la ciudadanía de Italia se abraza, de acuerdo a los últimos sondeos, señalan que es una trampa para someter a los fiscales al poder político.
En tanto la comunidad italiana en América Latina muy dolida por el destrato que le propinó Meloni con el corte de la ciudadanía por línea de sangre, tiene en este referéndum un peso electoral que puede ser la balanza del resultado.
Los cambios claves de la reforma
El proyecto prevé crear una Alta Corte para juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados, hoy a cargo de la Corte Suprema di Cassazione/Quirinale.
Para entender qué se vota, hay que despejar el lenguaje técnico. La reforma se apoya en tres cambios fundamentales que buscan desarmar el modelo actual, nacido en 1948 tras la caída del fascismo:
1) Separación de carreras: hoy, un magistrado italiano puede alternar funciones: ser fiscal (quien acusa) y luego juez (quien juzga). La reforma lo prohíbe definitivamente: quien elige ser juez no podrá ser nunca fiscal, y viceversa.
2) El Consiglio Superiore della Magistratura es el órgano de gobierno de los jueces italianos. Ellos nombran, evalúan y disciplinan a los magistrados. Hoy es uno solo y la reforma crearía dos: uno para los jueces y otro para los fiscales. Además, ya no sería elegido solo por votos entre pares, sino mediante un sorteo.
3) Se crea un tribunal externo para juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados (Alta Corte Disciplinare), quitándole esa potestad al Consejo Superior de la Magistratura .
Meloni quiere manejar la Justicia italiana o es una deuda histórica a saldar
¿Quién es quién?
La Asociación Nacional de Magistrados, que representa al 90% del sector, encabeza el rechazo a la reforma por considerar que el ejecutivo busca “domesticar” la independencia judicial.
En tanto la Unione delle Camere Penali Italiane (Asociación que nuclea a los abogados penalistas) señalan que es una deuda histórica para que el abogado defensor deje de ser el “pariente pobre” en el proceso y se enfrente a un fiscal que no comparta el mismo gremio que el juez.
En el bando del SÍ, es apoyado solo por la coalición de gobierno (Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia), y están en negociaciones de último momento tratando de tentar y acordar con Partidos y Movimientos de América que tienen cercanía al electorado de italianos en el extranjero con el cual podrían definir la elección.
Del otro lado, el frente del NO tiene como columna vertebral a la Asociación Nacional de Magistrados, que representa a casi el 90% de los jueces y fiscales del país.
Ellos consideran que la reforma busca “domesticar” a la justicia y romper la unidad de la magistratura que fue clave para investigar al poder en las últimas décadas. A este bloque se suman los partidos de centro y de izquierda, el Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle, Verdes e Izquierda.
Además se suma una gran parte de la academia jurídica, que ve en este cambio de Meloni, un experimento arriesgado y sin precedentes en las democracias occidentales.
Claudio Zin, ex senador de Italia y referente del MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), aliado del gobierno dice que se trata de una cuestión de transparencia.
En tanto el diputado por América del Sur, Fabio Porta (Partido Democrático) sostiene que el argumento de la “modernización” es una cortina de humo. «Cada sistema es fruto de su historia y el verdadero objetivo es debilitar la autonomía de los magistrados para hacerlos manejables por el Ejecutivo y pone en riesgo la última garantía ciudadana», señaló Porta.
¿El fantasma de la “democracia liberal”?
Aquí es donde entra la mirada académica y profunda de Edoardo Fracanzani, doctor en Política y Gobierno por la Universidad La Sapienza de Roma, y autor de Le origini del conflitto (Los orígenes del conflicto), un libro que indaga precisamente en los vínculos históricos entre la política y la magistratura en Italia. Para él, la reforma ocurre en un contexto global de retroceso democrático.
“En Hungría —quizás el caso más citado— los gobiernos de Viktor Orbán redujeron la independencia de los jueces mediante reformas institucionales. Algo similar ocurrió en Polonia”, advierte Fracanzani. El experto señala que el riesgo no está solo en el texto de la reforma, sino en lo que habilita después: “La creación de dos órganos distintos permite que, a través de leyes ordinarias, se adopten reglas que introduzcan niveles de control sobre los fiscales”.
Recuerda que la tensión entre la derecha italiana y la justicia no es nueva. Viene de la época del escándalo de corrupción de Mani Pulite y los años de Silvio Berlusconi. “El sistema de 1948 garantiza un alto nivel de independencia. Gracias a eso se pudieron investigar vínculos con la mafia y la corrupción de alto nivel.
La reducción de esa autonomía implicaría, de manera directa, una menor capacidad de control por parte de los fiscales”, sentencia.
El voto en Argentina y América Latina «Determinante»
“En el referéndum de carácter constitucional, no hay quórum. La reforma se aprueba si los ‘Sí’ son más que los ‘No’, sin importar cuánta gente vaya a las urnas”.
Esto hecho convierte al millón de italianos en Argentina en un actor central. “El voto en el exterior puede ser determinante. Primero por la dimensión del electorado: equivale al de varias regiones de Italia. Segundo, porque históricamente estas votaciones se han resuelto por muy votos.
¿Impacto en el tramite de ciudadanía?
Para muchos italianos en América Latina, la justicia suena a algo lejano, hasta que toca el trámite de la ciudadanía o un juicio sucesorio. El último decreto del gobierno de Meloni con el cual en 2025 recortó el otorgamiento de la ciudadanía por la línea de sangre indignó a las familias italo sudamericanas que se vieron perjudicadas en la obtención de la misma y comenzaron a recurrir a la justicia que les comenzó a dar la razón contra el decreto del gobierno por considerarlo arbitrario y discriminatorio.
El Diputado Fabio Porta vincula directamente ambos temas: “La gran mayoría de los jueces cree que este sistema no debe cambiarse así. No es algo abstracto: la justicia es la que hoy corrige las leyes equivocadas del Parlamento, como cuando las mujeres antes de 1948 no podían transmitir la ciudadanía. Si debilitamos la justicia, debilitamos nuestra última garantía como italianos en el exterior”.
Porta también llama a usar el voto como una señal política hacia el gobierno de Meloni, especialmente tras el decreto que impuso restricciones para obtener la ciudadanía: “Votar ‘No’ es responder a un gobierno que nos ha maltratado con las nuevas leyes de ciudadanía y sería un gesto de gran civismo para demostrar que nuestra sensibilidad y participación puede ser igual o incluso superior a la de los italianos en la península.
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