La audiencia pública sobre la reforma de la ciudadanía italiana sumó este martes una de las intervenciones más esperadas por el mundo jurídico. Alfonso Celotto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Roma Tre y reconocido especialista en la materia, centró su exposición en un aspecto puntual de la legislación aprobada en 2025: la situación de los menores que, según sostuvo, podrían verse privados de la ciudadanía italiana sin haber tenido posibilidad alguna de ejercer ese derecho.
“Aquí tenemos una especie de derogación masiva y automática de la ciudadanía”, afirmó Celotto ante los jueces constitucionales. El jurista retomó conceptos ya expresados por tribunales italianos que cuestionaron la reforma y advirtió que la nueva normativa afecta expectativas legítimas, situaciones jurídicas consolidadas y derechos previamente reconocidos, abriendo un escenario que podría derivar en numerosos litigios.
A diferencia de otros expositores, Celotto concentró su alegato en el caso remitido por el Tribunal de Mantua, referido a un menor nacido en Italia. Según explicó, la reforma transforma un derecho subjetivo fundamental en una expectativa debilitada, alterando la naturaleza misma de la ciudadanía. Para sustentar su posición invocó el artículo 22 de la Constitución italiana, que prohíbe la privación de la ciudadanía por razones políticas, una disposición que definió como uno de los parámetros menos utilizados pero especialmente relevantes para este debate.
El constitucionalista también citó la reciente Ordenanza n.º 13.818 del Tribunal Supremo de Casación, publicada con posterioridad a la Sentencia n.º 63/2026, en la que la ciudadanía es definida como un “derecho subjetivo de importancia primordial”. Sobre esa base, pidió a la Corte Constitucional que reexamine las cuestiones planteadas en las distintas ordenanzas bajo análisis. Aunque reconoció que la Sentencia n.º 63/2026 constituye un marco de referencia para el debate, sostuvo que la pérdida automática de la ciudadanía en el caso de menores presenta elementos específicos de inconstitucionalidad que merecen una evaluación autónoma.
La Corte no emitió ninguna decisión durante la audiencia y deberá resolver en los próximos meses.
